Concurso preventivo: cómo funciona, qué cambia para la empresa y qué riesgos asumen sus administradores

Ambos procedimientos —el concurso preventivo y la quiebra— parten del mismo presupuesto: el estado de cesación de pagos. No se trata de que el balance esté en negativo, sino de que la empresa no puede cumplir regularmente sus obligaciones vencidas, cualquiera sea su causa (arts. 1, 78).

La ley admite que ese estado se demuestre con hechos concretos: el reconocimiento del propio deudor, la mora en el pago de obligaciones, la clausura de la sede o del establecimiento, la ocultación o ausencia de los administradores, la venta de bienes a precio vil, o cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos (art. 79).

La ley no exige pluralidad de acreedores. Una sola obligación puede revelar la cesación de pagos si, por su contexto, exterioriza una imposibilidad general de cumplir. Esto no significa que cualquier factura vencida, cheque rechazado o embargo pruebe automáticamente una insolvencia permanente: debe analizarse el conjunto del flujo de fondos, los vencimientos, el crédito y los activos realizables.

El concurso preventivo lo solicita el propio deudor, mientras la quiebra no haya sido declarada (art. 10). Es el instrumento del empresario que quiere ordenar sus deudas sin perder el control: el concursado conserva la administración de su patrimonio, bajo la vigilancia de un síndico designado por el juez (art. 15).

El objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores: una quita (reducción de lo adeudado), una espera (prórroga de los vencimientos) o ambas, y también otras formas —entrega de bienes, emisión de títulos, reorganización de la sociedad— (art. 43). El acuerdo debe obtenerse dentro de un período de exclusividad de 90 días, que el juez puede extender hasta 30 días más según la cantidad de acreedores o categorías (art. 43).

La homologación, la conclusión del concurso y la declaración de cumplimiento son momentos distintos. Después de homologado el acuerdo y adoptadas las medidas para ejecutarlo, el juez puede declarar concluido el proceso; el cumplimiento se declara más adelante, cuando se ejecutaron las prestaciones comprometidas.

La quiebra es el extremo opuesto. Significa el desapoderamiento: la empresa queda despojada de sus bienes y no puede ejercer sobre ellos derecho de administración ni disposición; el síndico los administra y dispone, y debe realizarlos —venderlos— para pagar a los acreedores (arts. 107, 88).

No existe una lista lineal y universal de pagos para todos los bienes. La prioridad depende de la clase de crédito, del activo sobre el que recae el privilegio y de las reservas de gastos correspondientes. Garantías prendarias o hipotecarias, créditos laborales y fiscales y gastos del proceso reciben tratamientos diferentes; los acreedores comunes participan, en general, sobre el remanente y a prorrata.

La quiebra puede declararse a pedido de un acreedor cuyo crédito esté exigible, o a pedido del propio deudor (arts. 77, 80). Y la del deudor prevalece sobre la de los acreedores: presentarse a tiempo puede evitar que sea un acreedor el que pida la quiebra (art. 82).

La petición tiene requisitos formales estrictos, y el juez debe pronunciarse dentro de los cinco días (art. 13). Lo que debe presentarse (art. 11):

• La explicación de las causas de la situación patrimonial, con la época en que se produjo la cesación de pagos.
• Un estado actualizado del activo y del pasivo, con dictamen de contador público nacional.
• Los balances o estados contables de los tres últimos ejercicios, con las memorias y los informes de fiscalización.
• La nómina de acreedores, con montos, causas, vencimientos y privilegios, la documentación de respaldo de cada deuda y el dictamen contable de respaldo.
• La nómina de empleados y una declaración sobre deudas laborales y de seguridad social, certificada por contador público.
• Los libros de comercio, puestos a disposición del juez.
• La constancia de inscripción en los registros y, en el caso de sociedades, el instrumento constitutivo y sus modificaciones.

Si el deudor es una sociedad, hay un detalle que suele costar caro: la petición la hace el representante legal, y dentro de los 30 días de la presentación debe acompañarse la constancia de la resolución del órgano de gobierno que ratifica la continuidad del trámite, con las mayorías ordinarias. Sin esa ratificación, el procedimiento cesa de pleno derecho, con los efectos del desistimiento (art. 6). Conviene tenerla preparada antes de presentar.

En los pequeños concursos existen simplificaciones. La ley contempla, entre otros parámetros alternativos, un pasivo inferior a trescientos salarios mínimos, no más de veinte acreedores quirografarios o no más de veinte trabajadores. Esa clasificación también excluye el procedimiento de salvataje societario del artículo 48.

Desde que el juez ordena la apertura, la empresa funciona bajo reglas estrictas. Lo esencial:

• Prohibición general para disponer o gravar bienes registrables (inmuebles, vehículos): queda anotada en los registros (art. 14).
• Quedan prohibidos los actos a título gratuito y los que alteran la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Si se hacen, son ineficaces de pleno derecho (arts. 16, 17).
• Ciertos actos exigen autorización judicial previa: los relacionados con bienes registrables, la disposición o locación de fondos de comercio, y los que exceden la administración ordinaria del giro (art. 16).
• Desde la publicación de los edictos se suspenden y concentran determinados juicios patrimoniales por causas anteriores, con excepciones como ejecuciones de garantías reales, procesos de familia y ciertos juicios de conocimiento y laborales (art. 21).
• La presentación suspende, como regla, los intereses de créditos anteriores no garantizados con prenda o hipoteca. La ley exceptúa los salarios impagos y las indemnizaciones laborales (art. 19).
• Los créditos laborales pueden pagarse por la vía del pronto pago —salarios, indemnizaciones—, con autorización del juez (art. 16).
• No pueden suspenderse los servicios públicos por deudas anteriores a la apertura; los servicios posteriores deben pagarse a sus vencimientos (art. 20).
• Viajar al exterior exige comunicar al juez el plazo de la ausencia —máximo 40 días— o pedir autorización (art. 25).

El proceso tiene tres pasos: los acreedores verifican sus créditos ante el síndico, que emite informes y el juez declara verificados, admisibles o inadmisibles; el deudor propone el agrupamiento de los acreedores en categorías; y el deudor negocia su propuesta dentro del período de exclusividad (arts. 32-36, 41-43).

La categorización debe ser razonable e incluye como base a los quirografarios, a los quirografarios laborales si existen y a los privilegiados, sin impedir otros agrupamientos objetivos. En cada categoría quirografaria se requiere la mayoría absoluta de acreedores computables que represente al menos dos terceras partes del capital computable (arts. 41 y 45).

Los acreedores privilegiados tienen reglas propias. Una propuesta para ellos no siempre es obligatoria y los titulares de privilegio especial no quedan sometidos contra su voluntad a una propuesta que los alcance. El salvataje del artículo 48 sólo corresponde a determinados deudores y no se aplica a los pequeños concursos.

Homologado el acuerdo, es oponible a todos los acreedores quirografarios por causa anterior a la presentación, incluso a los que no participaron en el procedimiento (art. 56).

La homologación produce la novación de las obligaciones comprendidas, pero no libera a fiadores ni codeudores solidarios. Si un director, socio o tercero garantizó personalmente una deuda, el concurso de la sociedad no elimina esa garantía.

La regla que más conviene subrayar es el incumplimiento: si el deudor no cumple el acuerdo, total o parcialmente, el juez debe declarar la quiebra a instancia de un acreedor interesado o de los controladores; y debe declararla también, sin necesidad de pedido, cuando el deudor manifiesta que no podrá cumplirlo en el futuro (art. 63). Un acuerdo que no se puede cumplir es una quiebra demorada: por eso debe diseñarse con margen de viabilidad real.

El concurso puede terminar en quiebra por distintas vías. Conocerlas permite evaluar el riesgo, pero una buena gestión no vuelve evitable toda quiebra:

• No presentar la propuesta de acuerdo dentro del período de exclusividad (art. 43).
• No alcanzar las mayorías de acreedores, ni en el trámite especial de los interesados (arts. 46, 48).
• Incumplir el acuerdo homologado, o reconocer que no se podrá cumplir (art. 63).
• Que se declare la nulidad del acuerdo por dolo: exageración fraudulenta del pasivo u ocultación o exageración fraudulenta del activo (arts. 50, 60).
• No pagar los honorarios de los funcionarios del concurso (art. 54).
• Que un acreedor pida la quiebra directamente, cuando la empresa está en cesación de pagos (arts. 77-80).

Y hay una puerta de regreso: el deudor a quien se declara en quiebra puede pedir, dentro de los 10 días de la última publicación de edictos, la conversión del trámite en concurso preventivo, cumpliendo los requisitos de la ley. No corresponde a quien incumplió un acuerdo preventivo o se encuentra en el período de inhibición (arts. 90-93).

El concurso y la quiebra tienen consecuencias personales que conviene conocer antes de decidir:

• Socios con responsabilidad ilimitada: la quiebra de la sociedad puede extenderse a ellos. Para quienes se retiraron o fueron excluidos, la ley limita la extensión a las deudas existentes cuando su retiro fue inscripto, bajo las condiciones legales (arts. 160 y 18).
• Directores de personas jurídicas: la quiebra trae inhabilitación para quienes integraron el órgano de administración desde la fecha de cesación de pagos: no pueden ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, ni ser administradores, gerentes, síndicos, liquidadores o fundadores de sociedades. Dura un año desde la sentencia de quiebra, y se extiende si hay proceso penal en curso o condena (arts. 235, 236, 238).
• Responsabilidad por daños: los representantes o administradores que dolosamente produjeron, facilitaron, permitieron o agravaron la insolvencia deben indemnizar los perjuicios. La acción la ejerce el síndico y alcanza los actos de hasta un año antes de la fecha de la cesación de pagos (arts. 173, 174).
• Riesgo penal: la ley ordena comunicar a la justicia penal cuando hay presunción de fraude —por ejemplo, en la clausura del procedimiento por falta de activo—. Las conductas vinculadas a la quiebra pueden dar lugar a procesos penales que, además, prolongan la inhabilitación (arts. 233, 236).

El período de sospecha es el tramo en que se revisan con mayor intensidad los actos anteriores. Son ineficaces, bajo las condiciones legales, los actos gratuitos, ciertos pagos anticipados y las garantías creadas para obligaciones que originalmente no las tenían. Otros actos perjudiciales pueden cuestionarse si la contraparte conocía la cesación de pagos. Un pago ordinario de una obligación vencida no es inválido automáticamente, pero debe analizarse su contexto, el perjuicio y el conocimiento del tercero.

• No esperar a que un acreedor pida la quiebra: el concurso preventivo puede pedirse mientras no esté declarada, y presentarse primero da control del trámite (arts. 10, 82).
• Mantener los libros al día y encargar temprano el estado de activo y pasivo con dictamen contable: sin esos requisitos, la petición no prospera (art. 11).
• En una sociedad, tener preparada la resolución del órgano de gobierno: debe acompañarse dentro de los 30 días de la presentación (art. 6).
• Desde que aparece la crisis, revisar especialmente actos gratuitos, entregas de activos, pagos extraordinarios y garantías nuevas: algunos pueden declararse ineficaces si después hay quiebra.
• Diseñar la propuesta de acuerdo con margen de viabilidad: el incumplimiento lleva directo a la quiebra (art. 63).
• La decisión de presentarse en concurso —o de responder a un pedido de quiebra— es una decisión societaria mayor: requiere evaluar el patrimonio, el pasivo, las proyecciones del negocio y la exposición personal de los directores.
• Cada crisis tiene su propia geometría: el estado de la actividad, la composición de los acreedores, los bienes disponibles y la conducta de los meses previos cambian el escenario. Una evaluación temprana y especializada es lo que permite elegir el camino con información.