Divorcio: cómo se tramita y qué pasa con la vivienda, los bienes y las deudas

El divorcio se decreta judicialmente y puede pedirlo la pareja en forma conjunta o uno solo de los cónyuges. No hay un plazo mínimo de separación ni es necesario probar abandono, infidelidad u otra causa.

La petición debe abordar sus efectos. Si hay acuerdo se presenta un convenio; si no, quien inicia formula una propuesta y el otro puede ofrecer una alternativa. En Córdoba también puede dejarse constancia expresa de que no hay cuestiones pendientes de regulación o ratificarse acuerdos anteriores.

Si el divorcio lo pide uno solo, el otro cónyuge puede ofrecer una propuesta distinta, y el juez evalúa ambas, después de escuchar a los cónyuges.

El convenio regulador es el instrumento donde la pareja acuerda los efectos concretos del divorcio. Debe abordar:

• La atribución de la vivienda familiar.
• La distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges.
• El ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria.

La pareja puede incluir también otras cuestiones de su interés. Si hay acuerdo, el juez aprueba el convenio y puede exigir garantías al obligado como condición.

Los acuerdos sobre efectos continuados pueden revisarse si las circunstancias cambian sustancialmente. Esto no significa que una partición ya ejecutada o una compensación única ya cumplida se reabran automáticamente por un arrepentimiento posterior.

Suele ser la mayor incertidumbre: ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? La ley lo resuelve de manera clara: el desacuerdo en el convenio no suspende la sentencia de divorcio.

El divorcio se dicta igual, y las cuestiones pendientes —vivienda, bienes, alimentos— se resuelven después, por el juez, que evalúa las propuestas de cada uno y los elementos en que se fundan. Es decir: no llegar a un acuerdo complica y alarga la resolución de los temas pendientes, pero no impide que el divorcio se concrete.

En algunos casos, el divorcio produce en uno de los cónyuges un desequilibrio manifiesto que empeora su situación, y que tiene como causa adecuada el matrimonio y su ruptura. En ese caso, ese cónyuge tiene derecho a una compensación económica.

Puede tomar distintas formas:

• Una prestación única.
• Una renta por tiempo determinado.
• Excepcionalmente, una renta por plazo indeterminado.

Se puede pagar con dinero, con el usufructo de ciertos bienes o de cualquier otra forma que acuerden las partes o fije el juez. A falta de acuerdo, el juez determina si corresponde y su monto, teniendo en cuenta, entre otras cosas: el patrimonio de cada uno al inicio y al final de la vida matrimonial, la dedicación a la familia y a los hijos, la edad y el estado de salud, la posibilidad de acceder a un empleo, la colaboración en la actividad del otro cónyuge y la atribución de la vivienda.

Un plazo que conviene no perder de vista: la acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de la sentencia de divorcio. No debe confundirse con alimentos entre excónyuges, que después del divorcio sólo proceden en los supuestos excepcionales previstos por la ley.

Cualquiera de los cónyuges puede pedir que se le atribuya el uso de la vivienda familiar, sea propia de uno de ellos, ganancial o alquilada. El juez decide si corresponde y por cuánto tiempo, sobre la base de criterios como:

• Quién tiene el cuidado de los hijos.
• Quién está en la situación económica más desventajosa para conseguir una vivienda por sus propios medios.
• La edad y el estado de salud de los cónyuges.
• Los intereses de otras personas del grupo familiar.

El juez puede además fijar una renta compensatoria a favor del cónyuge al que no se le atribuye la vivienda, impedir que el inmueble se venda sin el acuerdo de ambos, o que la vivienda ganancial se parta o liquide. La decisión produce efectos frente a terceros desde que se inscribe.

Hay una regla que suele pasar desapercibida cuando la vivienda es alquilada: el cónyuge que no es locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, y sigue siendo el locatario quien debe pagar el canon.

El primer paso es verificar el régimen patrimonial. Si se eligió separación de bienes, cada cónyuge conserva la titularidad y administración de su patrimonio, sin perjuicio de las obligaciones familiares, la compensación y los bienes adquiridos conjuntamente. Si no se eligió otro régimen, rige la comunidad de ganancias y deben distinguirse bienes propios y gananciales:

• Bienes propios: lo que cada uno tenía al inicio del matrimonio, lo recibido por herencia, legado o donación durante el matrimonio, las ropas y objetos de uso personal, los elementos necesarios para el trabajo o la profesión, y las indemnizaciones por daño moral o daño a la persona.
• Bienes gananciales: en general, lo creado o adquirido a título oneroso durante la comunidad, los ingresos del trabajo y los frutos y rentas devengados en ese período. Las herencias y donaciones son normalmente propias aunque se reciban durante el matrimonio.

Dos reglas concentran las preguntas cotidianas. Primera: las cuotas de la jubilación o pensión devengadas durante el matrimonio son gananciales, aunque el derecho a la jubilación sea propio de cada cónyuge. Segunda: los bienes que existen al final de la comunidad se presumen gananciales, salvo que se pruebe que son propios: en caso de duda, se reparten.

Un consejo práctico: si durante el matrimonio se compra un bien con dinero propio, conviene que conste en el acto de adquisición, con la conformidad del otro cónyuge, para evitar discusiones después.

En materia de deudas hay que separar qué patrimonio puede ejecutar el acreedor y quién debe soportar finalmente la obligación al liquidarse la comunidad. No son la misma pregunta.

• Frente al acreedor, cada cónyuge responde como regla con sus bienes propios y con los gananciales que adquirió.
• Ambos responden solidariamente por las obligaciones asumidas para las necesidades ordinarias del hogar y el sostenimiento y educación de los hijos.
• Al liquidar se analiza por separado si la deuda constituye una carga de la comunidad o una obligación personal y si corresponde una recompensa entre patrimonios.

Que una deuda se considere internamente común no habilita por sí solo a cualquier acreedor a ejecutar indistintamente todo el patrimonio del otro cónyuge.

El divorcio extingue la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta. Si hubo separación de hecho anterior sin voluntad de volver a unirse, la sentencia puede retrotraer los efectos a esa fecha. El juez puede modificar ese alcance ante fraude o abuso y deben preservarse los derechos de terceros de buena fe.

Hasta la liquidación y partición existe una masa poscomunitaria indivisa. Esto no convierte automáticamente a ambos excónyuges en titulares registrales de la mitad de cada inmueble, vehículo o cuenta. En la liquidación se identifican bienes y deudas, se calculan recompensas, se valúa el patrimonio y el saldo neto ganancial se divide por mitades.

Hay una regla importante: cualquiera de los cónyuges puede pedir la atribución preferencial del establecimiento comercial, industrial o agropecuario que adquirió o formó, de los bienes de uso de su profesión o de la vivienda que ocupaba, aunque exceda de su mitad: debe pagar la diferencia al otro, y el juez puede otorgar plazos para el pago si hay garantías suficientes.

• El divorcio termina el derecho a heredar entre cónyuges (igual que la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial que pone fin a la convivencia). Si hay testamentos, seguros de vida o poderes a favor del otro cónyuge, vale la pena revisarlos.
• Los efectos continuados del convenio pueden revisarse ante cambios sustanciales; la naturaleza del acuerdo y su grado de cumplimiento determinan si una revisión es posible.
• Conviene tener reunida la documentación sobre el origen de los bienes —escrituras, aportes, transferencias—: es lo que permite distinguir lo propio de lo ganancial al momento de liquidar.
• El cuidado de los hijos y los alimentos forman parte del convenio regulador, y el juez los resuelve cuando no hay acuerdo.